La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, introdujo en España la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas por los delitos cometidos por representantes legales y administradores en nombre y beneficio de aquéllas, o por trabajadores sobre los que no se hubiera ejercido el control oportuno.
Es a raíz de esta reforma cuando se empieza a incentivar el compliance en España, ya que a partir de entonces, todas las empresas, independientemente de su tamaño, pymes, autónomos, y sociedades mercantiles estatales deberán llevar a cabo la implantación de programas de prevención eficaces, a fin de controlar los riesgos y evitar la responsabilidad penal.
El compliance o cumplimiento normativo, consiste en establecer las políticas preventivas y procedimientos adecuados para garantizar que una empresa cumpla con la legislación vigente; y no sólo en lo que a las leyes se refiere, sino también a las políticas internas de la empresa, compromisos con clientes, proveedores o terceros, así como códigos éticos.
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